Para poder atajar un problema lo primero es conocerlo y para ello debemos saber que este problema de seguridad vial entre ciclistas y conductores tiene dos vertientes que conviene analizar para entender el haber llegado a convertirnos en el primer país de nuestro entorno en número de accidentes con el resultado de ciclistas muertos: por un lado el desconocimiento de la normativa por parte de los conductores (por ejemplo el desconocimiento de que está permitido circular en paralelo o que está permitido adelantar al ciclista en línea continua) y por otra parte, la falta de concienciación por parte de estos mismos conductores que se traduce, muchas veces, en abusos, amenazas… e, incluso, muertes.

Recientes estudios han estimado que tres millones de españoles utilizan la bicicleta a diario y 15 millones lo hacen con cierta frecuencia.

Entre ellos, un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia  publicado por la revista Inglesa Safety Science. En un muestreo realizado sobre 3.000 adelantamientos a ciclistas en carretas interurbanas, han contrastado que de estas maniobras 1.110 se producen de forma ilegal (es decir, a menos de 1,5 m de distancia) lo que representa que casi el 40% han puesto en grave riesgo la integridad del ciclista.

Ante esta situación, que en lugar de comenzar a ver la luz al final del túnel, resulta que cada día va a más (como podemos fácilmente comprobar en las noticias más recientes), es necesario iniciar, de inmediato, campañas de concienciación tanto para los ciclistas como para los conductores, aunque siempre teniendo en cuenta que son estos últimos quienes manejan vehículos a motor que por su naturaleza, velocidad, etc, son susceptibles de causar más daño. Del mismo modo, entender que la carrocería del ciclista es únicamente su propio cuerpo.

Es por ello, que desde esta fundación, con el apoyo inestimable de la Dirección General de Tráfico, a través del jefe provincial de Tráfico de Ourense, David Llorente, iniciamos, el pasado año, una campaña sobre las denuncias voluntarias ante Tráfico, por parte de los ciclistas que se sientan agredidos y contra los se cometan infracciones, como método de concienciación y disuasión de las conductas más peligrosas y graves al volante, especialmente representada en los adelantamientos sin dejar el margen mínimo de seguridad de 1,5 metros entre el vehículo y el ciclista adelantado.

El objetivo de esta oficina es doble:

• Por un lado, dar a conocer a los ciclistas y al resto de los usuarios de las vías una herramienta que proporciona el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, actualmente infrautilizado en estos casos.
• Por otro lado, y tal vez más importante, el efecto disuasorio que produce en los conductores el conocer que su “actitud al volante” podrá conllevar un cierto perjuicio para él/ella, incluso económico, si finalmente fuese sancionado y conseguir de esta manera su concienciación sobre el problema.

Para conseguir los objetivos, en su doble vertiente, y siempre contando con la colaboración de la administración se debe conseguir:

• La elaboración de un manual o tutorial que verse sobre las principales dudas a resolver tanto por parte de los ciclistas como por parte de los conductores para conocer, exactamente, cuáles son sus derechos y sus obligaciones al circular por una vía pública, esto es, FORMACIÓN.
• Información sobre los requisitos para interponer las denuncias en casos de infracciones de seguridad vial y las pruebas necesarias para su fundamentación.
• Información sobre la utilización de los últimos medios tecnológicos para la obtención de pruebas en las que fundamentar las denuncias.
• Y, fundamentalmente, la puesta en marcha de una campaña publicitaria que ejerza el efecto disuasorio sobre las personas que, al volante de un vehículo, comparten las vías públicas con los ciclistas.

En resumen, todo esto persigue un único objetivo: la seguridad del ciclista en la carretera.

Y para ello debemos poner todos los medios a nuestro alcance, para evitar que el número de víctimas siga siendo el que hoy vemos en nuestras estadísticas y que se visualiza demasiado a menudo en las noticias que recibimos.

La Fundación ADO Moure Pro Deporte durante este primer año de puesta en funcionamiento de la campaña y contando con unos medios muy reducidos tanto técnicos como económicos y humanos,  ha presentado un total de 1.736 denuncias por infracciones cometidas sobre ciclistas ante la DGT.

Creemos que esto solo ha sido dar un pequeño paso adelante para contribuir a la consecución del objetivo marcado que no es otro que conseguir una mayor seguridad de los usuarios de las bicicletas, principalmente en carretera.

Pero somos conscientes de que todavía falta mucho por hacer.

Durante este último año hemos constatado fehacientemente que a los principales actores que deben participar, de algún modo, en esta campaña y en el desarrollo y utilización de sus instrumentos, los representantes de la DGT en Madrid, miembros de las Federaciones, Asociaciones y Agrupaciones, no se han sentido interesados por la herramienta que hemos puesto a su disposición.

Por nuestra parte, esta fundación y sus miembros, estamos totalmente convencidos de que, con la utilización racional de esta herramienta, conseguiremos reducir la altísima siniestralidad actual.

También somos totalmente conscientes de que solamente contando con nuestros propios medios, el ámbito de actuación de nuestras acciones estará muy limitado.

Es por todo esto por lo que hemos decidido dar un paso adelante y, como medida inmediata, a partir de este mes, pondremos en marcha una Oficina de Gestión dentro de la fundación, y de uso gratuito para todos los afiliados, para la información y tramitación de aquellas denuncias voluntarias, perfectamente documentadas y con los medios de prueba necesarios, ante los organismos responsables y con potestad sancionadora en materia de tráfico de nuestro país.

También es nuestra pretensión, al menos inicialmente, contar con al menos un ciclista equipado con dispositivo para la grabación de las imágenes de sus entrenamientos o salidas y que puedan servir como prueba en las denuncias voluntarias, en cada una de las Comunidades Autónomas de España y de esta forma evaluar el grado de incidencia de estas infracciones en cada una de ellas y comprobar el grado de eficacia en la tramitación de estas denuncias, en función de las diferentes jefaturas provinciales.